Hasta cuatro años de espera para obtener el grado de discapacidad en Lanzarote
La asociación Sentirte denuncia que los retrasos en la valoración y renovación del grado de discapacidad alcanzan los cuatro años en Lanzarote. Como padres, sabemos lo que implica vivir sin ese respaldo.
Según la noticia de Cadena SER sobre “Hasta cuatro años para obtener o renovar el grado de discapacidad en Lanzarote” publicada el 5 de junio de 2025, la asociación Sentirte alerta de que las listas de espera para reconocer o renovar la discapacidad en Lanzarote se han duplicado.
Su portavoz, Saula Rodríguez, denuncia que no se están haciendo revisiones de discapacidad intelectual por falta de personal: las tres psicólogas están de baja y solo queda un médico para valorar los casos físicos. Hay personas que llevan hasta tres años con el certificado caducado, lo que impide acceder a empleo adaptado, ayudas y deducciones fiscales.
Una realidad que paraliza derechos
Esta situación bloquea la vida de muchas personas. Como bien recuerda Sentirte, “no hablamos de cifras, hablamos de vidas”: niños sin acceso a educación adaptada, madres y padres obligados a sostener todo sin respaldo institucional.
El testimonio de una madre: "No pido caridad, pido justicia"
Un día después, Cadena SER publicó el testimonio de Chaxiraxi Pérez, madre de una niña con síndrome de Down cuyo certificado caducó hace más de un año pese a haber solicitado la renovación con tiempo.
El retraso le impide acceder a la deducción por discapacidad y a su condición de familia numerosa. "Mi hija no se va a levantar un día diciendo que ya no tiene síndrome de Down", lamenta. Lo más duro, dice, es el desgaste emocional: “Las instituciones nos lo ponen tan difícil que vivir tranquila es imposible”.
Lo que está en juego para nuestras familias
Como padres de un hijo con discapacidad intelectual, sabemos que el certificado no es solo un papel: es la puerta a terapias, ayudas, educación y trabajo. Sin él, nuestras hijas e hijos quedan atrapados en un limbo burocrático. Y nosotros, sus familias, vivimos entre la frustración y el miedo a no poder sostenerles.
Pedimos a las instituciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Lanzarote que actúen con urgencia. No se trata de un favor. Se trata de derechos.