El Congreso pide que los centros ocupacionales sirvan para llegar a un empleo, no solo para pasar el día
La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso ha aprobado esta semana una proposición no de ley que pide al Gobierno «un nuevo enfoque» para los centros ocupacionales. Quiere que cada persona tenga un itinerario personalizado que la prepare para el mercado laboral, si así lo desea. Lo ha contado Europa Press, en una información recogida por Diario Siglo XXI e Infobae el 26 de septiembre.
Muchas familias conocemos bien estos centros. Son el sitio al que van cada día muchos adultos con discapacidad intelectual cuando termina el colegio. Por eso importa qué se espera de ellos.
Qué pide el Congreso
La iniciativa la presentó el PSOE y la defendió la diputada Mercè Perea. Según Europa Press, el texto pide al Gobierno que la regulación de los centros ocupacionales incluya entre sus objetivos promover la inserción laboral de las personas con discapacidad. En concreto, pide:
- «El desarrollo integral de la persona, atendiendo a sus potencialidades, intereses y capacidades».
- Favorecer «procesos de aprendizaje significativo, participación social y formación pre laboral».
- Apoyos que formen parte de «itinerarios personalizados inclusivos orientados a la vida autónoma y participación comunitaria».
Perea lo resumió así: «Exigimos pasar de la mera “ocupación del tiempo” a la capacitación real». Y añadió que esos itinerarios deben llevar, «a quien así lo desee, a un empleo digno, protegido y ordinario, pero siempre en libertad y con plenos derechos».
La misma comisión aprobó otra proposición del PSOE sobre la atención a personas con amputaciones.
La norma que se quiere cambiar tiene 40 años
Los centros ocupacionales se rigen por el Real Decreto 2274/1985, de 4 de diciembre, publicado en el BOE el 9 de diciembre de 1985. Todavía los llama centros «para minusválidos».
Ese decreto dice que son un servicio social para personas que, por su discapacidad, «no puedan integrarse en una Empresa o en un Centro Especial de Empleo». Deja claro que no son centros de trabajo. Las actividades que se hacen allí son «no productivas», y lo que se fabrica no se vende de forma habitual en el mercado.
Aun así, el decreto ya decía que la organización del centro «tenderá a favorecer la futura incorporación» al trabajo. La diferencia es que ahora el Congreso pide que eso sea un objetivo claro, con un plan para cada persona.
Qué significa para las familias
Lo primero: hoy no cambia nada. Una proposición no de ley es una petición del Congreso al Gobierno. No obliga. El Gobierno tendría que cambiar el decreto, y las comunidades autónomas, que gestionan y conciertan estos centros, tendrían que aplicarlo.
Mientras tanto, hay cosas que ya podéis hacer:
- Preguntad en el centro qué plan tiene vuestro hijo o hija. ¿Hay objetivos por escrito? ¿Se revisan? ¿Incluyen formación para el empleo o prácticas?
- Si quiere trabajar, decidlo en voz alta. Pedid que el centro os ponga en contacto con servicios de empleo con apoyo o con centros especiales de empleo de vuestra zona.
- Si no quiere o no puede, también es válido. La propia iniciativa habla de empleo «a quien así lo desee». Un centro ocupacional de calidad también tiene que servir para ganar autonomía y vida social.
- Antes de aceptar un contrato, preguntad cómo afecta a las prestaciones que cobra. Es la duda que más frena a las familias, como planteaban los jóvenes del congreso de juventud con discapacidad de Valladolid.
Lo que falta por saber
La noticia no da el resultado de la votación ni el texto completo aprobado. Tampoco hay plazo: no sabemos si el Gobierno va a redactar un decreto nuevo ni cuándo. Y queda una pregunta importante: si los centros tienen que formar más, ¿habrá más dinero y más profesionales para hacerlo? Sin eso, el cambio se quedaría en el papel. Si el Gobierno mueve ficha, lo contaremos aquí.
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