El empleo con discapacidad se mueve en dos frentes: el Senado tramita la ley de la cuota y el nuevo decreto de empleo público abre audiencia

El empleo es el gran asunto pendiente de la discapacidad en España, y esta semana se ha movido en los dos tableros a la vez: el del empleo privado (la cuota del 2% que muchas empresas siguen incumpliendo) y el del empleo público (cómo se accede a una plaza de la Administración). Te contamos los dos, y por qué el segundo tiene un plazo que te puede interesar.

En el Senado: sanciones de verdad para quien incumple la cuota

Desde hace décadas, las empresas de 50 o más trabajadores están obligadas a reservar el 2% de sus puestos para personas con discapacidad. La realidad es que el incumplimiento está muy extendido y sale barato.

Eso es lo que quiere cambiar la proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral a través de la cuota de reserva, que la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el 23 de julio con competencia legislativa plena —es decir, sin necesidad de pasar por el Pleno— y que ya ha empezado su tramitación en el Senado. Sus dos dientes:

• Incumplir la cuota pasa de infracción grave a muy grave (con las multas de otro nivel que eso implica).
• Las empresas sancionadas en firme por discriminación por discapacidad quedarán excluidas de las subvenciones públicas.

El CERMI ha celebrado el paso y ha anunciado que presentará enmiendas en el Senado para ir más lejos: su propuesta histórica es que ninguna empresa que incumpla la cuota pueda recibir ayudas públicas, sancionada o no. Su argumento es difícil de rebatir: es incoherente exigir el cumplimiento con una mano y subvencionar al incumplidor con la otra.

En audiencia pública: el decreto que renovará el empleo público

El segundo frente nos toca aún más de cerca. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que regulará el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, llamado a sustituir al de 2004, que llevaba más de veinte años en vigor. Lo que consolida y desarrolla:

• Reserva de al menos el 10% de las plazas de cada convocatoria para personas con discapacidad — y dentro de ella, al menos un 2% para personas con discapacidad intelectual. Las convocatorias específicas como la que acaba de estrenar Canarias son exactamente el tipo de proceso que este marco quiere impulsar.
• Ajustes razonables de tiempos y medios en las pruebas para quien acredite un grado igual o superior al 33%.
• Participación de personas con discapacidad en los tribunales de selección.
• Y un detalle muy de familia: criterios de adjudicación de destinos que tengan en cuenta la situación de dependencia y las dificultades de desplazamiento.

El plazo para hacer aportaciones va del 31 de julio al 15 de septiembre de 2026, por correo a [email protected]. No hace falta ser una gran federación: las entidades de familias — y cualquier ciudadano — pueden enviar observaciones. Si formas parte de una asociación, este es el momento de que vuestra experiencia con las adaptaciones de pruebas quede por escrito.

Nuestra lectura, como familia

Las dos normas van del mismo sitio: de que los derechos sin consecuencias son recomendaciones. La cuota del 2% existe desde antes de que nacieran nuestros hijos; lo nuevo no es el derecho, es que incumplirlo empiece a costar caro. Y en el empleo público, pasar del papel a un examen en lectura fácil — como el de Canarias — es la diferencia entre una reserva teórica y una plaza real.

Prudencia de siempre: la ley de la cuota aún no está aprobada (le queda el Senado y la vuelta al Congreso si hay cambios) y el decreto es un proyecto en audiencia. Cuando sean BOE, lo contaremos aquí con los plazos delante.