El empleo con discapacidad se mueve en dos frentes: el Senado tramita la ley de la cuota y el nuevo decreto de empleo público abre audiencia
El empleo es el gran asunto pendiente de la discapacidad en España, y esta semana se ha movido en los dos tableros a la vez: el del empleo privado (la cuota del 2% que muchas empresas siguen incumpliendo) y el del empleo público (cómo se accede a una plaza de la Administración). Te contamos los dos, y por qué el segundo tiene un plazo que te puede interesar.
En el Senado: sanciones de verdad para quien incumple la cuota
Desde hace décadas, las empresas de 50 o más trabajadores están obligadas a reservar el 2% de sus puestos para personas con discapacidad. La realidad es que el incumplimiento está muy extendido y sale barato.
Eso es lo que quiere cambiar la proposición de ley para el impulso de la inclusión laboral a través de la cuota de reserva, que la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el 23 de julio con competencia legislativa plena —es decir, sin necesidad de pasar por el Pleno— y que ya ha empezado su tramitación en el Senado. Sus dos dientes:
- Incumplir la cuota pasa de infracción grave a muy grave (con las multas de otro nivel que eso implica).
- Las empresas sancionadas en firme por discriminación por discapacidad quedarán excluidas de las subvenciones públicas.
El CERMI ha celebrado el paso y ha anunciado que presentará enmiendas en el Senado para ir más lejos: su propuesta histórica es que ninguna empresa que incumpla la cuota pueda recibir ayudas públicas, sancionada o no. Su argumento es difícil de rebatir: es incoherente exigir el cumplimiento con una mano y subvencionar al incumplidor con la otra.
En audiencia pública: el decreto que renovará el empleo público
El segundo frente nos toca aún más de cerca. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que regulará el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, llamado a sustituir al de 2004, que llevaba más de veinte años en vigor. Lo que consolida y desarrolla:
- Reserva de al menos el 10% de las plazas de cada convocatoria para personas con discapacidad — y dentro de ella, al menos un 2% para personas con discapacidad intelectual. Las convocatorias específicas como la que acaba de estrenar Canarias son exactamente el tipo de proceso que este marco quiere impulsar.
- Ajustes razonables de tiempos y medios en las pruebas para quien acredite un grado igual o superior al 33%.
- Participación de personas con discapacidad en los tribunales de selección.
- Y un detalle muy de familia: criterios de adjudicación de destinos que tengan en cuenta la situación de dependencia y las dificultades de desplazamiento.
El plazo para hacer aportaciones va del 31 de julio al 15 de septiembre de 2026, por correo a [email protected]. No hace falta ser una gran federación: las entidades de familias — y cualquier ciudadano — pueden enviar observaciones. Si formas parte de una asociación, este es el momento de que vuestra experiencia con las adaptaciones de pruebas quede por escrito.
Nuestra lectura, como familia
Las dos normas van del mismo sitio: de que los derechos sin consecuencias son recomendaciones. La cuota del 2% existe desde antes de que nacieran nuestros hijos; lo nuevo no es el derecho, es que incumplirlo empiece a costar caro. Y en el empleo público, pasar del papel a un examen en lectura fácil — como el de Canarias — es la diferencia entre una reserva teórica y una plaza real.
Prudencia de siempre: la ley de la cuota aún no está aprobada (le queda el Senado y la vuelta al Congreso si hay cambios) y el decreto es un proyecto en audiencia. Cuando sean BOE, lo contaremos aquí con los plazos delante.
Actualización del 28 de septiembre de 2026
La ley de la cuota de reserva da un paso más en el Senado este miércoles 30 de septiembre. Ese día la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 debate el dictamen de la «Proposición de Ley para el impulso de la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través de la cuota de reserva de empleo en las empresas», según Convención Discapacidad y CLMPress.
Recordamos lo básico: las empresas con 50 o más trabajadores deben reservar el 2 % de sus puestos a personas con discapacidad. El texto que salió del Congreso sube el incumplimiento de falta «grave» a «muy grave» y deja sin subvenciones a las empresas sancionadas, como contó Infobae.
Hay 14 enmiendas:
- PNV (3): incentivos para quien cumpla y exclusión de subvenciones para quien sea sancionado.
- Izquierdas por la Independencia, ERC y Bildu (6): más campañas de difusión, mejores indicadores y referencia a la Observación general n.º 8 del Comité de la ONU.
- PP (5): tocan el régimen de sanciones, con una «graduación vinculada a la reiteración de los incumplimientos y a la capacidad real de cumplimiento de las empresas».
Lo que hay que vigilar: el PP tiene mayoría absoluta en el Senado. Si sus enmiendas salen adelante, la ley tendrá que volver al Congreso, y las multas podrían ser más suaves para algunas empresas de lo que se aprobó en julio. El CERMI lo ve como «una oportunidad para avanzar en el cumplimiento efectivo de la cuota». Para vuestro hijo, esto todavía no cambia nada: la ley no está aprobada. Cuando se sepa qué enmiendas han pasado, lo contaremos aquí.
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