España ya tiene reglamento de accesibilidad cognitiva: qué obliga a hacer y a quién beneficia

Si tenéis un hijo con discapacidad intelectual o autismo, conocéis la escena: la carta del hospital redactada como si la escribiera un abogado. El cartel de la estación que no dice por dónde. El formulario que hay que rellenar sí o sí y no hay manera de entender.

Eso tiene hoy, por primera vez, una norma que lo aborda. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva de España, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Lo han contado La Vanguardia, Europa Press y Público.

La idea de fondo lleva años oyéndose en las asociaciones: si a una persona en silla de ruedas se le pone una rampa, a quien no comprende un texto hay que darle ese texto de otra manera. No es un favor: es la misma obligación.

Qué obliga a hacer

El reglamento dice que la información y la comunicación deben ser fáciles de comprender y ofrecerse en formatos accesibles: lenguaje claro, lectura fácil, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, sonido, pictogramas, apoyos visuales o recursos tecnológicos. Y añade dos palabras que conviene subrayar: sin coste adicional y sin retrasos.

Los ámbitos son amplios: telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público —los sanitarios incluidos—, relaciones con las administraciones, administración de justicia, participación en la vida pública y procesos electorales, y patrimonio cultural.

El enfoque es universalista a propósito. Beneficia a personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parálisis cerebral, y también a personas mayores con deterioro cognitivo, a quienes están en situación de analfabetismo y a personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.

Qué significa para las familias

• La cita médica, el juzgado y el colegio electoral entran. Son tres de los sitios donde peor lo pasamos, y ahora hay una norma escrita a la que agarrarse cuando pidamos que algo se explique de otra forma.
• Sirve para pedir, no para arreglarlo mañana. Un reglamento marca el deber; convertirlo en carteles, formularios y personal formado lleva años. No cambia nada esta semana.
• Es un «derecho llave», como lo llama Plena Inclusión: sin entender, no se ejerce la educación, ni el empleo, ni la salud, ni el ocio. Por eso importa más de lo que parece.
• Si os interesa el fondo del asunto, la presidenta de Plena Inclusión lo explicaba muy bien en esta entrevista sobre por qué la accesibilidad no puede ser un añadido de última hora.

Lo que falta, dicho por quien más sabe

Plena Inclusión —950 asociaciones, más de 150.000 personas y sus familias— celebra la aprobación y colaboró en redactar la norma. Pero pone dos peros por escrito, y son los honestos.

Su director, Enrique Galván, dice que la aprobación era muy esperada, y añade que haría falta dinero suficiente para aplicarla y que el reglamento podría incluir más referencias técnicas que aseguren la calidad de los apoyos. Traducido: sin presupuesto y sin criterios de calidad, «lectura fácil» puede acabar significando cualquier cosa.

Con esto se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022, aprobada hace más de cuatro años. Que haya tardado eso da la medida del ritmo real.

Dos cosas que hoy no podemos deciros, y preferimos decirlo a inventarlo: el texto no está aún publicado en el BOE, así que no conocemos los plazos de entrada en vigor ni el articulado; y no hay cifra de dotación presupuestaria. En cuanto salga el BOE lo leemos y actualizamos esta página con lo que sea exigible y desde cuándo.